Parlamentarios de diversas bancadas, en compañía de la familia de la pequeña Jacinta, presentaron el miércoles un proyecto de ley que busca modificar el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El propósito es elevar los requisitos para la renovación o adquisición de licencias de conducir por parte de adultos mayores.
La iniciativa, liderada por Max Schnitzer y la abogada Liza Lucero, surge a raíz de un incidente ocurrido en agosto del año pasado. En este incidente, un conductor de 80 años, al volante de un vehículo de grandes dimensiones, chocó contra un automóvil más pequeño que, a su vez, impactó el coche en el que viajaba Jacinta González, nieta de Max Schnitzer, de tan solo 5 meses de edad, acompañada por sus padres.
La diputada Erika Olivera, encargada del patrocinio del proyecto, expresó su pesar por la irreparable pérdida de Jacinta y subrayó la necesidad de modificar la ley debido a sus evidentes lagunas. «Como madre, no puedo concebir el dolor que están experimentando los padres de la niña. La única solución es evitar que tragedias como esta se repitan, ya que la ley presenta vacíos que necesitaban ser corregidos desde hace tiempo», declaró.
Olivera explicó que la ley propuesta busca prevenir, reconociendo que el envejecimiento natural puede afectar la agilidad y las reacciones, convirtiendo la conducción de vehículos en un riesgo para la seguridad pública.
Max Schnitzer, abuelo de Jacinta, destacó que aunque la ley actual establece requisitos y limitaciones para los conductores mayores que buscan obtener la licencia, no existe un mecanismo efectivo para detectar enfermedades que puedan afectar significativamente sus capacidades.
Schnitzer resaltó la naturaleza preventiva de la ley propuesta, que requeriría un certificado de salud para autorizar a los adultos mayores a conducir, especialmente en casos de enfermedades graves o pronósticos desfavorables. «Nadie nos devolverá a Jacinta, pero queremos aportar nuestro grano de arena», afirmó.
La abogada Liza Lucero argumentó que la necesidad de aumentar los requisitos para obtener una licencia de conducir para personas mayores se debe al deterioro de los sentidos y otras capacidades motoras con el paso de los años. Expertos señalan que a partir de los 65 años, el 90% de la población experimenta disminución de la agudeza visual, y a los 85 años, el 40% presenta deterioro cognitivo.
La diputada Emilia Nuyado respaldó el proyecto, basándose en evidencia científica que respalda la disminución de capacidades de reacción en personas mayores. «Se trata de proteger a todos, incluso a los adultos mayores, regulando la entrega de licencias de conducir para quienes superan los 80 años», afirmó.
El diputado Mauricio Ojeda expresó su apoyo a la iniciativa, destacando la posibilidad de salvar vidas mediante una ley que considere las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La diputada Marisela Santibáñez subrayó la importancia de legislar en torno a la seguridad vial y las personas mayores. La iniciativa busca no solo proteger la vida de los conductores mayores, sino también asegurar que las calles estén transitadas por conductores capacitados. «Esta iniciativa ya cuenta con nuestra firma y apoyo, porque mi voluntad está en evitar muertes y accidentes innecesarios en nuestro país», afirmó.
La coordinadora de Campañas de Change.org, Emilia Segura, destacó el respaldo ciudadano a la petición por la Ley Jacinta, que ya ha obtenido más de 100,000 firmas en 2023. La presentación del proyecto se atribuye al apoyo ciudadano y al trabajo conjunto de Max Schnitzer, creador de la petición, y parlamentarios comprometidos con la causa.
En cuanto al proyecto de ley, la Ley Jacinta tiene como objetivo evitar que los adultos mayores, debido a su avanzada edad y deterioro de salud y aptitudes, conduzcan y pongan en riesgo sus vidas y la de otros. El texto establece requisitos más estrictos, como certificados médicos y exámenes, para obtener o renovar la licencia de conducir en casos de enfermedades que afecten la capacidad psicomotora.
En situaciones graves, como el cáncer en etapa II o superior, se denegará la solicitud sin más trámite. Además, se sancionará a los médicos que emitan certificados o informes falsos con multas significativas. La iniciativa busca equilibrar la seguridad vial y el derecho de los adultos mayores a conducir, adaptando la legislación a las condiciones físicas y cognitivas de esta población.
Año 2022 se registraron 86.050, de ellos 15.491 fueron protagonizados por un adulto mayor, eso significa que el 13,3 % tuvieron participación adultos mayores. (Fuente O.S.2 Carabineros).